Privacidad y Políticas Públicas

En Argentina es evidente la necesidad de impulsar una actualización normativa para la propaganda política online

14/05/2018

Por Marianela Milanes, de ADC | #Boletín16

Mauricio Macri, el actual presidente de la Argentina, suele explicar su llegada al poder en gran medida gracias a las redes sociales. Básicamente, lo que hizo el PRO, su partido político, fue adoptar un sistema que ha funcionado en otras partes del mundo, inspirado en la ya famosa primera campaña presidencial de Barack Obama en Estados Unidos. Según datos de la Cámara Electoral recabados por Perfil, entre Facebook, Google y Yahoo!, Macri gastó 14 millones de pesos argentinos (unos 700 mil dólares) para llegar a la presidencia, principalmente destinados a publicidad segmentada. La estrategia online de Macri fue tan exitosa, que el hoy presidente de Chile, Sebastián Piñera, se habría inspirado en ella cuando planificaba su campaña electoral.

En ese contexto, las revelaciones de la consultora electoral Cambridge Analytica alcanzaron a Argentina, cuando uno de sus entonces directivos, ante una cámara oculta de la cadena británica Channel 4, nombró a ese país casi al pasar, sin mucho ahondar en fechas y nombres de candidatos o partidos políticos.

Investigar más antecedentes parece un asunto cuesta arriba. Primero, porque los partidos políticos de inmediato salieron a desmentir cualquier relación con Cambridge Analytica. Según El País de España, fuentes macristas negaron que aquella empresa haya trabajado con los equipos de campaña oficialistas en las últimas elecciones y, a su vez, fuentes del kirchnerismo también rechazaron cualquier vínculo con la consultora y consideraron que el vídeo no es prueba de nada. Además, como le dijo una fuente judicial a ese mismo diario a propósito de una reciente investigación de oficio abierta por la Cámara Nacional Electoral (CNE), “el problema es que no creemos que la empresa, si alguna vez operó aquí, esté con su nombre original”.

Más allá de Cambridge Analytica en la Argentina, Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, repara en lo dependiente que hoy son los gobiernos -de todo nivel en Argentina-en la creación y uso de diversas bases de datos. Su utilización podría ser perfectamente para fines políticos: “Las administraciones públicas son grandes recolectoras de información y la administran para incidir sobre la opinión pública, tal como nos informa el boletín oficial de esta mañana. Facebook es además uno de los principales receptores de pauta publicitaria oficial. ¿podemos seguir creyendo ingenuamente que no hay relación alguna entre las bases de datos del Estado y las campañas electorales?”

De hecho, en medio del escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, y mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el actual gobierno creó la “Unidad de Opinión Pública”, que se encargará de recabar y sistematizar la información sobre las demandas de la población. Según algunos medios, “se trata de la creación de unidad dedicada a la elaboración de una fenomenal base de datos que estará a disposición del Gobierno. La sospecha, claro, es que esa enorme base de datos podría ser utilizada para influir en las elecciones y sin la necesidad de pagar los altísimos honorarios de Cambridge Analytica”.

Ante todo este panorama, Boletín Antivigilancia acudió a Marianela Milanes, politóloga e investigadora de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), para conocer un poco más en qué pie están las políticas públicas en la Argentina para enfrentar los nuevos desafíos de la explotación de datos con fines electorales.

En tu opinión, ¿cuán importante son las redes sociales como Facebook en México y cuánta atención le prestan las campañas políticas?

Las redes sociales en Argentina han adquirido y continúan adquiriendo un peso relevante. Dos argumentos centrales sostienen esta afirmación. Por un lado, según diversas fuentes, ya en el año 2017 era un hecho que alrededor del 79% de la población argentina se conectaba a Internet, mientras que el 70% eran usuarios activos de las redes sociales -Facebook es, hasta la actualidad, la plataforma con mayor penetración en el país-.

Por otro lado, en un marco general, nuestro país no es ajeno a una nueva etapa en la era de la revolución digital. Esta nueva etapa comenzó a gestarse con la combinación de múltiples factores de los cuales tres podrían señalarse como los relevantes: el incremento en el uso de dispositivos móviles, la creciente interconectividad y la irrupción de las redes sociales. Esta nueva etapa alumbró un nuevo modelo relacional, “la sociedad en red”, que trajo aparejado una nueva forma de comunicación política. Es por esto por lo que no ha de extrañar que las redes sociales hayan adquirido progresivamente un peso específico en las campañas políticas.

En las elecciones presidenciales del año 2015 todas las agrupaciones políticas comenzaron a entender que el espacio digital es otra arena más en que deben dar batalla, el hecho de no estar presente en ellas es perjudicial. Así, durante ese año, las redes dejaron de ser atributo y diferencial de una única fuerza política -PRO- para convertirse en un medio utilizado por casi todas sin importar su tamaño.

Durante las elecciones legislativas del año 2017, las redes sociales se estandarizaron como medio clave para complementar y amplificar a todas las campañas. En mi opinión, hoy en la Argentina se está transitando desde el esquema tradicional de diseño de campañas basado en un doble mundo, online y offline, a interpretarse a ambas como a dos caras de una misma moneda. La relevancia del uso de las redes sociales en las campañas electorales estará signada por la capacidad de coordinación con la campaña territorial, y la capacidad de complementar y amplificar la comunicación realizada a través de los medios tradicionales de comunicación masiva.

¿Hay evidencia para sospechar que en las próximas elecciones pasadas en Argentina actuaron empresas como Cambridge Analytica o similares que exploten datos con fines electorales?

Según la información que circula en las redes, Cambridge Analytica a través de la firma SCL Group, publicó en su sitio web que tenía una oficina en Buenos Aires, en la calle Arenales 915 de la Capital Federal. Fuentes periodísticas aseguran haber contactado a allegados de Alexander Nix (exdirector de la empresa Cambridge Analytica) en el país, quienes manifestaron que la empresa nunca llegó a operar en el país, y que el domicilio mencionado le fue prestado a los fines de recibir correspondencias.

No podemos confirmar que SCL Group haya operado efectivamente en la Argentina, ni se encuentra más información sobre el tema. Podemos tan solo agregar que, según ha trascendido en los últimos días, legisladores de la oposición preparan una denuncia para presentar en el fuero penal y electoral, acusando que funcionarios de alto nivel del gobierno de Mauricio Macri habrían mantenido negociaciones con directivos de Cambridge Analytica antes de las elecciones legislativas del año 2017. Mientras que la Cámara Nacional Electoral iniciaría una investigación de oficio a través de sus auditores para determinar si la empresa trabajó con algún espacio político antes de los últimos comicios.

Argentina tiene una regulación de datos personales: ¿en cuánto crees que incidió en proteger los datos de los usuarios en internet en la última campaña electoral?

Hay un vacío legal significativo, ya que la ley de datos personales permite la utilización de datos obtenidos de fuentes de acceso público irrestricto, sin el consentimiento del titular. La forma en que está redactada la ley -de más de 15 años de antigüedad- no incluiría el fenómeno actual de interacción, agregación y perfilación que se produce en las redes con fines políticos. Sí podemos destacar que la ley vigente contiene previsiones favorables a la prestación de servicios que hacen las agencias de publicidad en general, que contribuiría a un uso amplio de los datos colectados por estas agencias.

¿Hay alguna regulación a la publicidad electoral en redes sociales o internet en general? ¿En cuánto afectó -tenerla o no- en la campaña electoral?

Argentina contempla en su regulación el sistema de distribución gratuita de publicidad electoral en medios audiovisuales a través de espacios asignados, pero nada dice con respecto al sistema de publicidad digital, este vacío produce dos efectos inmediatos, el ocultamiento de los gastos realizados por las agrupaciones políticas a tal fin, y la necesidad de actualizar y conciliar las regulaciones sobre la protección de datos personales y el acceso a la información pública, con aquellas que versan sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Otro punto necesario de revisión es que el Código Nacional Electoral contempla un periodo de veda que prohíbe la propaganda política, 48 horas antes de la celebración de los comicios, sin embargo, las redes sociales no están contempladas, produciéndose otro vacío legal.

¿Cuáles son las sugerencias o recomendaciones principales para que tanto las políticas públicas como los ciudadanos se enfrenten de mejor manera a la explotación de datos para fines electorales?

En primera instancia resulta evidente la necesidad de que el Estado impulse una actualización normativa que regule el uso y la contratación de terceros para efectuar propaganda política online, atendiendo a la necesidad de transparentar los procesos con que las mismas se llevan a cabo. Es menester compatibilizar la regulación existente que protege los datos personales y garantiza el acceso a la información pública, con la regulación sobre el comportamiento de los partidos políticos, las campañas electorales y su financiamiento, incorporando a la esfera digital y las innovaciones tecnológicas que en ella se producen. En segunda instancia, también se torna necesaria establecer normativas claras acerca de las actividades comerciales vinculadas a la compra y venta de repositorios de datos personales de los usuarios.

A las plataformas o medios digitales tanto públicas como privadas, deben presentar sus contratos de adhesión de la forma más clara y didáctica posible para que los usuarios efectivamente puedan saber qué datos están cediendo y como pueden ser utilizados.

A los usuarios, en tanto, he de sugerirles que lean con atención y detenimiento los contratos de adhesión o las condiciones de uso antes de convertirse en usuarios de una plataforma online.

Marianela Milanés, de Argentina, actúa como politóloga en ADC.

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