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La narrativa sobre vigilancia masiva y protección de la privacidad tiene capítulos diarios, pero algunos momentos y hechos son puntos llamativos de esta historia. Sepa cuales llamaron atención de nuestra comunidad antivigilancia:

Citas sobre el tema

Por Joana Varon, Natasha Felizi e Raquel Rennó | #Boletín14 Violencia en línea, privacidad y anonimato ¿Cómo hacer frente a los ataques racistas, sexistas y la represión política en línea sin la necesidad de ampliar los poderes de la censura y la vigilancia del Estado y de las corporaciones? Las expresiones de odio y la violencia en línea tienen un alto potencial destructivo, especialmente cuando se apoyan en las asimetrías de poder y en las diferentes formas de discriminación basadas en el género, la raza, el credo, la nacionalidad y la orientación sexual. Tanto el Estado como los proveedores de servicios de Internet y los usuarios de la red han buscado maneras de lidiar con el problema, pero muchas de las soluciones no son satisfactorias. El sentido común sostiene que el anonimato facilita la propagación de diversas formas de violencia en línea porque dificulta la identificación de los autores. Pero este tipo de pensamiento simplifica demasiado el problema. No toma en cuenta el hecho de que la privacidad y el anonimato son cruciales para el ejercicio de la libertad de expresión, muchas veces entre aquellos que son a menudo el blanco de la violencia en línea. Para las personas que por su género, raza o sexualidad no se encuadran en los patrones normativos y que por lo general son los principales blancos de la violencia en línea, el derecho al anonimato y la protección de sus datos es una cuestión clave. Esto se debe al hecho de que ejercen su libertad de expresión en contextos en los que el Estado o la sociedad son hostiles, sobre todo cuando se trata de cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto, el cambio de denominación social u otras causas de disidencia política. O sea, medidas contra el anonimato o a favor de una mayor recolección y conservación de los datos personales en Internet terminarían dándole más poder al estado y las empresas, ya que ampliarían su capacidad de identificar voces disidentes y, posiblemente, censurar el contenido y el comportamiento en función de sus propios intereses. ¿Cómo evitar que las empresas y los gobiernos adquieran todavía más poder para controlar nuestros discursos bajo el pretexto de la lucha contra la violencia en línea y los contenidos ofensivos? ¿La prohibición del anonimato y la eliminación del contenido ofensivo no es solamente una manera de ocultar los problemas estructurales de la sociedad que genera este tipo de discurso y que deben cuestionarse? ¿Cuál sería la manera más constructiva y educativa de hacer frente a este tipo de violencia? Esta edición del Boletín Antivigilancia tiene como objetivo discutir la cuestión de la violencia en línea, la privacidad y el anonimato. Han colaborado abogadas, investigadoras, activistas, desarrolladoras informáticas y personas que utilizan sus plataformas para la expresión política y sexual y, por lo tanto, son blancos frecuentes de la violencia. En la primera sesión, "¿Qué es y quiénes sufren la violencia en línea?" Agneris Sampieri, abogada mexicana, trata de definir qué es la violencia de género en línea, sus principales expresiones y cómo la censura y la prohibición del anonimato tienden a exacerbar el problema. En la misma sesión, Charô Nunes, del blog Blogueiras Negras, detalla cómo entender la red como un espacio para amplificar las voces de las mujeres negras, el grupo que tuvo el mayor aumento en la tasa de homicidios en Brasil. Lola Aronovich, de "Escreva, Lola, Escreva", uno de los blogs más populares de feminismo en Brasil cuenta cómo ha sido y sigue siendo víctima de doxing, discursos de odio, falsificación de su perfil y cómo enfrenta estos tipos de violencia. Miro Spinelli, performer transgénero, describe cómo recientemente ha sido blanco de críticas y campañas de desmoralización cuando imágenes de una actuación suya fueron viralizadas en las redes. Por último, la activista mexicana lesbofeminista anamhoo escribe sobre la importancia de crear alternativas a la infraestructura de las redes sociales corporativas que refuerzan las normas de conducta sexista en sus términos de uso y políticas de privacidad. En la segunda sesión, "La respuesta de los medios privados"las investigadoras y activistas de derechos digitales Paz Peña y Joana Varon explican cómo la política de "nombre real" de Facebook y el acuerdo entre Facebook, Twitter, Youtube y Microsoft para lidiar con el discurso de odio pasan a ser la manifestación de una lógica colonialista para el mundo digital, donde deciden lo que es moralmente aceptable para sus patrones sociales y culturales. En este mismo eje, la investigadora y psicóloga transgénero Céu Cavalcanti comenta aspectos de su lucha para el reconocimiento del nombre social en un contexto donde las redes sociales todavía requieren la identificación del perfil relacionado con el certificado de nacimiento. En la tercera sesión, "La respuesta por parte del sector público", la periodista brasileña Ana Freitas, víctima del GamerGate brasileño, defiende la importancia de mantener el anonimato para la libertad en Internet. Lucas Teixeira y Joana Varon informan acerca del proceso de trabajo de la Comisión Parlamentaria sobre la Ciberdelincuencia en Brasil (CPICiber) y los riesgos que las leyes restrictivas y de censura previa implican para la libertad de expresión y la privacidad individual. La sesión final, "Tácticas y herramientas contra la violencia en línea" presenta estrategias de gestión de la propia identidad por la investigadora española Alex Haché y alternativas tecnológicas para combatir la violencia en línea a partir de la experiencia del GamerGate, por Gem Barrett. La abogada Fernanda Balderas aborda el problema de la distribución de imágenes íntimas y las posibles medidas a adoptar en tales casos. Y, por último, el investigador y artista Tiago Rubini cuenta cómo minorías LGBT usan el anonimato y redes alternativas como una manera de garantizar la protección mutua y la capacidad de comunicarse sin censura. Esperamos que, con esta edición, se profundice el debate sobre la violencia en línea y a la vez se pueda proponer una discusión que no se agota con la imposición de leyes o términos de uso de los servicios y debe desarrollarse de manera conjunta con todos los actores involucrados en la cotidianidad de la red.
Por Joana Varon, Natasha Felizi e Raquel Rennó | #Boletim14 Como fazer frente aos ataques racistas, sexistas e a repressão política online sem ampliar os poderes de censura e vigilância de Estado e empresas? Manifestações de ódio e violência online tem alto potencial destrutivo, principalmente quando se se estruturam em assimetrias de poder e nas diversas formas de discriminação baseadas em gênero, raça, crença, nacionalidade e orientação sexual. Tanto Estado, como provedores de serviços de internet e pessoas que utilizam a rede têm buscado maneiras de lidar com o problema, mas muitas das soluções encontradas são insatisfatórias. O senso comum defende que o anonimato facilita a propagação das várias formas de violência online, pois dificulta a identificação dos autores. No entanto, esse tipo de raciocínio simplifica demais o problema. Ele não leva em conta o fato de que a privacidade e o anonimato são elementos fundamentais para o exercício da liberdade de expressão justamente daqueles que normalmente são alvo de violência online. Para pessoas que por gênero, raça ou sexualidade não se enquadram nos padrões normativos, e que geralmente são os principais alvos de violência online, o direito ao anonimato e a proteção de seus dados é uma questão chave. Isso porque exercem sua liberdade de expressão em contextos em que o Estado ou a sociedade lhes são hostis, particularmente quando se trata de temas relacionados a direitos sexuais e reprodutivos, como aborto, mudança de nome social, ou outras causas de dissidência política.Ou seja, medidas contra o anonimato ou a favor de mais coleta e retenção de dados pessoais na internet acabariam dando ainda mais poder ao Estado e as empresas, já que ampliaria a capacidade de identificar vozes dissidentes e, possivelmente, censurar conteúdos e comportamentos de acordo com seus próprios interesses. Como evitar que empresas e governos adquiram ainda mais poder de controle sobre nossos discursos sob o pretexto do combate à violência online e de conteúdos ofensivos? Será que o banimento do anonimato e a remoção dos conteúdos ofensivos não é apenas uma forma de ofuscar questões estruturais da sociedade que gera esse tipo de discurso e que precisam ser questionadas? Qual seria forma mais construtiva e educativa de lidar com esse tipo de violência? Essa edição do Boletim Antivigilância procura problematizar a questão da violência online, privacidade e anonimato. Colaboraram advogadas, pesquisadoras, ativistas, desenvolvedoras e pessoas que usam suas plataformas para expressão política e sexual e que, por isso, são alvos frequentes de violência. Na primeira sessão, "O que é e quem sofre com a violência online?"  Agneris Sampieri, advogada mexicana, procura definir o que é violência de gênero online, suas principais expressões e como a censura e a proibição do anonimato tendem a agravar o problema. Na mesma sessão, Charô Nunes, do blog Blogueiras Negras, detalha como entende a rede como um  espaço para ampliar as vozes de mulheres negras, grupo que teve o maior aumento nas taxas de homicídio no Brasil em 2015. Lola Aronovich do "Escreva, Lola, Escreva", um dos blogs mais populares sobre feminismo no Brasil, conta como já foi e continua sendo alvo de doxing, discursos de ódio, falsificação de perfil e como lida com o assunto. Miro Spinelli, performer transgênero, descreve como recentemente foi alvo de críticas e de campanhas de desmoralização ao ter fotos de uma performance sua viralizada nas redes. Por fim, a ativista lesbofeminista mexicana anamhoo trata da importância de se criar infra-estruturas alternativas às redes sociais corporativas que reforçam padrões machistas de conduta em seus termos de uso e políticas de privacidade. Na segunda sessão, A resposta dos meios privados as pesquisadoras e ativistas em direitos digitais, Paz Peña e Joana Varon apontam como a política de "nome real" do Facebook e o acordo entre Facebook, Twitter, Youtube e Microsoft para lidar com discurso de ódio acabam sendo manifestação de uma lógica colonialista para o mundo digital, onde essas empresas passam a decidir o que é moralmente aceitável diante de seus padrões sócio-culturais.. Nesse mesmo eixo, a pesquisadora e psicóloga transgênero Céu Cavalcanti comenta aspectos de sua luta pelo reconhecimento do nome social em um contexto em que redes sociais que ainda demandam a identificação do perfil relacionada à certidão de nascimento. Na terceira sessão,A resposta do setor público, A jornalista brasileira Ana Freitas, vítima do GamerGate brasileiro,  defende a importância do anonimato para a liberdade na internet. Lucas Teixeira e Joana Varon relatam o processo de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito de Crimes Cibernéticos do Brasil (CPICiber) e os riscos que leis restritivas e de censura prévia oferecem para a liberdade de expressão e privacidade individual. A sessão final, "Táticas e ferramentas contra violência online" traz estratégias de gestão da própria identidade pela pesquisadora espanhola Alex Haché e alternativas tecnológicas para o combate à violência online a partir da experiência do GamerGate, por Gem Barrett. A advogada Fernanda Balderas aborda a questão do vazamento de imagens íntimas e as possíveis providências a serem tomadas nesses casos. E, finalmente, o pesquisador e artista Tiago Rubini conta como minorias LGBT utilizam o anonimato e redes alternativas como modos de garantir proteção mútua e possibilidade de se comunicar sem censura. Esperamos, com essa edição, aprofundar o debate sobre violência online e propor uma discussão que não se esgota com a imposição de leis ou normas de uso de serviços e deve ser desenvolvida de modo coletivo por todos os atores envolvidos no cotidiano da rede.
Por Paz Peña e Joana Varon | #Boletín14 "Facebook, aquí tengo una noticia para ti: hay un millón de razones por las que alguien elegiría autoidentificarse con un nombre que no sea el que está impreso en su partida de nacimiento. En verdad, ni siquiera es algo que tenga que ver contigo". Esta fue la reacción de Dan Tracer en Queerty al conocer cómo la nueva política del "nombre real" afectaba directamente a la comunidad LGBT. La polémica comenzó a fines de 2014, cuando un contingente de cuentas del Facebook de drag queens fueron bloqueadas después de haber sido denunciadas de forma anónima por no usar sus "nombres reales" en la red social. Facebook justificó la política de solicitar nombres reales a sus usuarios debido a que, según ellos, una identificación auténtica (entendida aquí como la que aparece en documentos oficiales) evita la intimidación que puedan hacer personas anónimas para acosar, engañar o participar en comportamientos criminales. La medida es problemática por muchas razones. Como fue denunciado por diversos activistas, la política infringe especialmente los derechos de comunidades no hegemónicas y vulnerables, como las personas transgénero, víctimas de diversos tipos de violencia, y las minorías étnicas, entre otras. Y aunque Facebook se haya mostrado comprensivo y dispuesto a hacer cambios, las medidas parecen insuficientes: de hecho, la empresa sigue asignándose el poder de determinar qué identidades son válidas y cuáles no, descartando por completo la idea del anonimato. Al llegar a este punto de la discusión hace falta preguntarnos acerca de las pruebas en las que se basa Facebook para insistir en no hacer alteraciones profundas en la política del "nombre real". La pregunta es todavía más relevante a la luz de, por ejemplo, una reciente investigación de la Universidad de Zúrich, que reveló que los comentaristas de peticiones online que más usan un lenguaje abusivo presentan, de hecho, más probabilidades de usar nombres reales. Los investigadores dijeron que los comentaristas no encuentran ninguna razón para usar un nombre falso cuando quieren defender sus creencias o hacer notar fuertemente un punto en la discusión. Si las pruebas sobre la capacidad de evitar comportamientos reprobables en la comunidad son discutibles y las demandas de grupos como drag queens demuestran las consecuencias indeseables de esta política, ¿por qué Facebook sigue insistiendo en ella como un pilar de la comunidad de usuarios de la red social?

Viejas y nuevas prácticas colonialistas

No nos equivoquemos: que las minorías étnicas tengan que cambiar sus nombres para que se los entienda como "nombres occidentales" o que personas LGBT tengan que informar a una empresa privada sobre su sexualidad no es una consecuencia marginal negativa de la política de Facebook. Es, muy por el contrario, una política segregadora que, al persistir, terminará por marginar a toda persona disidente de los valores de Facebook que, al parecer, no son diferentes de los que abrazan los hombres blancos del Valle del Silicio. Las prácticas segregadoras que utilizan como excusa la identificación de las personas tienen un arraigo histórico en los procesos colonizadores. Sobre esto sabemos mucho en América Latina. Desde la evangelización católica en la época de la Conquista, que obligó a los indígenas de todo el continente a alterar sus nombres por nombres católicos (con la nomenclatura de nombre y apellido ), hasta la discriminación permanente que, incluso en nuestros días, termina obligando, por diferentes razones, como acontece en Bolivia o Colombia, a que personas con nombres indígenas terminen modificándolos. Esta segregación basada en el "nombre real" no está lejos de la discriminación que sufren en el continente las personas transgénero y que condujo a una larga lucha activista para poder interactuar cotidianamente con instituciones públicas y privadas sin ser estigmatizadas. Esto llevó a que, liderado por países como Argentina, recientemente se promulgaran leyes que, en diferentes niveles, permiten el reconocimiento del derecho a la identidad de género y de la transexualidad, como es el caso de Colombia, Uruguay y Bolivia. Todas estas prácticas segregadoras y colonialistas encuentran un nuevo eco digital, esta vez bajo la figura de las empresas dominantes del Valle del Silicio, a las que se les atribuye el poder de determinar qué identidades y discursos son válidos o no en el reino de los valores smart.

Otras políticas

La implementación de políticas de "nombre real" no ha sido la única medida polémica que empresas del Valle del Silicio han implementado para hacer frente a situaciones de lo que denominan "discurso de odio". Recientemente, presionados por la Unión Europea para combatir la propaganda terrorista, Facebook, Twitter, Microsoft y Youtube (Google) han firmado un código de conducta para unificar formas de tratar el tema. La base para todas las acciones: sus propias "Community Guidelines". Es decir, una vez más, son reglas de comunidad elaboradas por empresas dirigidas por hombres, blancos y ricos del Valle del Silicio, los mismos que consideran la política del nombre real una buena medida, pasan a funcionar como una forma de evaluar las notificaciones sobre determinados contenidos. La lista de errores que ya se cometieron, derivando en censura al aplicar dichas políticas, es interminable. Si pensamos solo en cuestiones de género, los ejemplos ya son tantos que se hace difícil enumerarlos. Son comunes los relatos de diversos episodios de censura de posts en Facebook y en Instagram (que pertenece a Facebook) de fotos de mujeres con "sobrepeso"1. La empresa alegó que este tipo de imágenes violaba su política de publicidad en lo que respecta a la salud y el bienestar físico. Instagram tampoco es muy fanático del vello púbico femenino ni de la menstruación. A la artista paquistaní Rupi Kaur le eliminaron fotos que representaban la sangre menstrual. Fotos que mostraban mujeres con vello púbico asomando de la bikini hicieron que los posts de la revista australiana Sticks and Stones fueran retirados de Instagram, mientras que la artista Petra Collins tuvo su cuenta eliminada por una foto del mismo estilo que, según ella, no correspondía a ciertos estándares sociales de feminidad embutidos en la plataforma. Aunque estos casos hayan sido difundidos en los medios de comunicación, hay muchos otros casos de feministas que usan su cuerpo y su vello púbico o de otras partes para cuestionar estándares estéticos heteronormativos y patriarcales en las redes sociales. En Brasil, es el caso de la artista Aleta Valente y el de Tay Nascimento, las dos censuradas frecuentemente por la plataforma. De hecho, el mensaje no podía ser más evidente: imágenes del cuerpo femenino tal como es, haciendo cosas naturales del cuerpo, no están permitidas. Por otro lado, las fotos que corresponden al estándar de belleza compatible con la sociedad sexista heteronormativa capitalista siguen recibiendo sus "likes". Otro ejemplo son las imágenes de senos. Después de varias quejas sobre fotos de senos en campañas contra el cáncer de mama y de escenas de mujeres dando el pecho que fueron censuradas, la empresa alteró un poco sus reglas, en las que subraya que restringen imágenes de senos femeninos "solo" si los pezones están a la vista, excepto en los casos de lactancia materna o de fotos que muestran las cicatrices posmastectomía. Aun así, siguen siendo recurrentes los relatos de fotos de madres dando el pecho censuradas y, obviamente, si vamos más allá, existen varias otras situaciones en las que se muestran los senos, ya sea en forma de protesta o como manifestaciones culturales. En Brasil, fotos de varias ediciones de la Marcha das Vadias (Marcha de las Putas) han sido bloqueadas de manera constante y, recientemente, la plataforma también eliminó el post con la foto de portada del álbum de la cantante Karina Buhr y un post del Ministerio de Cultura que contenía una imagen de una india de la etnía botocuda con sus pechos expuestos. En solidaridad, artistas se unieron en lo que denominaron una acción-arte-manifiesto publicando fotografías en blanco y negro de 14 mujeres con los senos descubiertos en bañeras vacías. En cuanto a la censura sobre el Ministerio de Cultura, el gobierno brasileño, que resaltó que la empresa estaría intentando imponer sus estándares de moral y costumbres a Brasil de manera arbitraria e ilegal, llevó el caso a la justicia. Lo peor es que, cuando el tema es la violencia contra la mujer, numerosas reclamaciones demuestran que la plataforma ha tardado mucho en eliminar el contenido infractor. Y por denuncias de venganza, como en el caso de los frecuentadores de la página “Orgulho Hétero” (Orgullo Hétero), Facebook ya llegó a retirar del aire páginas feministas como Feminismo sem demagogia (Feminismo sin demagogia), Cartazes e tirinhas LGBT (Carteles e historietas LGBT) y Moça, você é machista (Mujer, eres machista) e incluso una página de la famosa youtuber JoutJout, que produce videos sobre el acoso contra las mujeres y otros temas de género. Aquí enumeramos solo casos de las empresas del grupo Facebook simplemente por la diversidad de ejemplos que ofrecen y solamente presentamos una muestra, porque hay muchos más casos, pero la situación no es muy distinta a la de otras empresas. Todo esto deja claro que quizás esta plataforma no sea realmente el ambiente más adecuado para la movilización por causas de género, pero teniendo en cuenta la visibilidad que alcanza la plataforma por su número de usuarios, es innegable el papel que ocupa como medio para el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, los ejemplos citados aquí muestran cómo el dejar este tipo de decisión en manos de estas empresas solo permite que se mantengan las manifestaciones de asimetrías de poder, como el machismo, el patriarcado y el moralismo, de lo que sería culturalmente aceptable (impuesto por una sola cultura), en una forma de colonialismo digital. Como bien señaló el grupo European Digital Rights (EDRi), que hizo el seguimiento de las negociaciones del código de conducta, el acuerdo delega a empresas privadas actividades que debería llevar a cabo el Estado. En un post destacaron: "este proceso, establecido fuera de un proceso democrático, determina reglas poco claras sobre la responsabilidad de las empresas. También genera graves riesgos para la libertad de expresión, pues contenidos que son legales, aunque controvertidos, pueden ser eliminados como resultado de este mecanismo de remoción voluntario y no transparente."

De censor a promotor de contenido

Pero eso no es todo. En el acuerdo también está previsto el compromiso de estas empresas de "educar a sus usuarios", lo que incluye "identificar y promover contranarrativas" para lo que consideren discurso de odio o prejuicio. Esto significa que empresas que inicialmente funcionan como plataformas para viabilizar la difusión de contenidos de terceros, ahora pasan a ejercer el papel de promotoras de determinados contenidos, es decir, no solo asumen la responsabilidad de censurar lo que piensan que debe prohibirse, sino que además destacan ciertas visiones de mundo que consideran que se deben promover. Algo que pueden hacer de manera imperceptible, con solo manipular su algoritmo. Desde una lógica colonialista, si el juicio de las redes sociales ya provoca numerosas controversias cuando analizan los nombres de los usuarios y las denuncias de eliminación de contenidos, imaginemos entonces lo que sucederá cuando estas empresas, con enorme poder de alcance y conocimiento sobre los gustos y las prácticas de sus usuarios empiecen a emitir estos juicios de forma activa, promoviendo contenidos que estén de acuerdo con sus valores sin que ni siquiera nos demos cuenta. Porque eso es lo que establece el acuerdo. Para los países del Sur Global, como los latinoamericanos, las consecuencias segregadoras de estos tipos de políticas del Valle del Silicio, sin el control ni la participación de la sociedad, crean barreras particulares que deben considerarse en el debate mundial. Por ejemplo, la posibilidad de que nuestras comunidades puedan sencillamente presentar una queja contra las políticas abusivas. En tal sentido, es inevitable pensar si Facebook habría respondido a las comunidades transgénero de países de América Latina, donde a veces ni siquiera se preocupa en abrir una representación legal, con la misma energía y prontitud con la que respondió a la comunidad de drag queens de San Francisco. El debate sobre este tipo de política y sus consecuencias segregadoras y de censura sobre los discursos que difieren de los valores del Valle del Silicio debe, necesariamente, superar las barreras de los países desarrollados y establecerse en las diversas comunidades de nuestros países. Las particularidades de cómo estas políticas y condiciones de uso nos afectan todavía deben estudiarse y deben enriquecer una discusión aún centrada en el Norte Global, además de facilitar diversas formas de resistencia locales contra políticas abusivas en nombre de la comunidad. Paz Peña es una consultora independiente sobre derechos digitales y comunicación estratégica para la incidencia. Es periodista y master en género y cultura, mención ciencias sociales. Fue directora de comunicaciones y de incidencia en Derechos Digitales. Es parte del consejo colaborativo de Coding Rights.  Joana Varon es abogada e investigadora, creadora y directora de la Coding Rights. Licenciada en Relaciones Internacionales con ub Máster en Ley y Desarrollo, se ha dedicado a desarrollar investigaciones aplicadas en la discusión de parametros institucionales legales para la inovación en las TICs y a la vez buscando la protección de los derechos fundamentales y el derecho al desarrollo. 
Por Paz Peña e Joana Varon | #Boletim14 "Tenho aqui uma notícia para você, Facebook: há um milhão de razões pelas quais alguém escolheria se auto-identificar com um nome que não é o que está impresso na sua certidão de nascimento. Na verdade, nem é algo que lhe diga respeito". Essa foi a reação de Dan Tracer en Queerty ao conhecer como a nova politica de "nome real" afetava diretamente a comunidade LGBT. A polêmica começou no final de 2014, quando um contingente de contas do Facebook de drag queens foram bloqueadas depois de ter sido denunciadas de forma anônima por não utilizar seus "nomes reais" na rede social. Facebook justificou a politica de solicitar nomes reais aos seus usuários já que, segundo eles, uma identificação autêntica (entendida aqui como a que aparece nos documentos oficiais) evita a intimidação feita por anônimos para assediar, enganar ou participar em comportamentos criminosos. A medida é problemática por muitas razões. Como foi denunciado por diversos ativistas, a política atenta contra os direitos especialmente de comunidades não hegemônicas e vulneráveis, como pessoas transgênero, vítimas de diversos tipos de violência, minorias étnicas, entre outras. E ainda que o Facebook tenha se mostrado compreensivo e disposto a fazer mudanças, as medidas parecem ser insuficientes e mesmo assim, a companhia continua a se atribuir o poder de determinar que identidades são ou não válidas, descartando por completo a ideia de anonimato. Chegando a este ponto da discussão, é necessário se perguntar sobre a evidência na que se baseia o Facebook para insistir em não fazer alterações profundas na política de “nome real”. A pergunta se torna ainda mais relevante à luz, por exemplo, da recente pesquisa da Universidade de Zurich que revelou que os comentaristas de petições online que mais utilizam linguagem abusiva são, na verdade, mais propensos a utilizar nomes reais. Os pesquisadores disseram que os comentaristas não encontram nenhuma razão para utilizar um nome falso quando querem defender o que acreditam ou fazer notar fortemente um ponto na discussão. Se a evidência sobre evitar comportamentos rejeitáveis na comunidade é discutível e as demandas de grupos como drag queens demonstram as consequências indesejáveis desta política, por que o Facebook continua insistindo nela como um pilar para a comunidade de usuários da rede social?

Velhas e novas práticas colonialistas

Que não nos enganemos: que as minorias étnicas tenham de mudar seus nomes para que sejam compreendidos como “nomes ocidentais” ou que pessoas LGBT devam informar a uma empresa privada seu sexo biológico não é uma consequência negativa marginal da política do Facebook. É, muito pelo contrário, uma política segregadora que, ao persistir, terminará marginalizando a toda pessoa dissidente aos valores de Facebook que, ao que parece, não é diferente dos abraçada pelos homens brancos do Vale do Silício. As práticas segregadoras que usam como desculpa a identificação das pessoas tem um arraigo histórico nos processos colonizadores. Sobre isso sabemos muito na América Latina. Desde a evangelização católica na época da Conquista que forçou indígenas de todo o continente a alterar seus nomes por nomes católicos (com a nomenclatura nome-sobrenome), à permanente discriminação que até o dia de hoje termina obrigando, por distintos motivos, em lugares como por exemplo Bolívia ou Colombia, a que pessoas com nomes indígenas terminem por modificar-los. Essa segregação baseada no “nome real” não está longe da discriminação que sofrem no continente as pessoas transgênero e que levou a uma longa luta ativista para poder interagir cotidianamente com instituições públicas e privadas sem que sejam estigmatizadas. Isso levou a que, liderado por países como Argentina, recentemente se promulgassem leis que, com diferentes níveis, permitem o reconhecimento do direito à identidade de gênero e da transexualidade, assim como na Colômbia, Uruguay ou Bolivia. Todas estas práticas segregadoras e colonialistas encontram um novo eco digital sob, desta vez, a figura das empresas dominantes do Vale do Silício às que se atribuem o poder de determinar que identidades e discursos são ou não válidos no reino dos valores smart.

Outras políticas

A implementação de políticas de "nome real" não tem sido a única medida controversa que empresas do Vale do Silício tem implementado visando lidar com situações do que denominam "discurso de ódio". Recentemente, pressionados pela União Européia para combater propaganda terrorista, Facebook, Twitter, Microsoft e Youtube (Google) assinaram um código de conduta para unificar formas de lidar com o tema. A base para todas as ações: suas próprias "Community Guidelines". Ou seja, novamente, regras de comunidade elaboradas por empresas lideradas por homens, brancos, ricos, do Vale do Silício, os mesmos que consideram a política do nome real uma boa medida, passam a funcionar como forma de avaliar notificações sobre determinado conteúdo. A lista de erros que já foram cometidos resultando em censura ao aplicar tais políticas é infindável. Se pensarmos apenas em questões de gênero, os exemplos já são tantos que fica dificil enumerar. São comuns relatos de vários episódios de censura de posts no Facebook e no Instagram (que pertence ao Facebook) de fotos de mulheres "acima" do peso1. A empresa alegou que tais imagens violavam sua política de publicidade no que diz respeito à saúde e fitness. O Instagram também não é muito fã de pelos púbicos femininos e menstruação. A artista paquistanesa Rupi Kaur teve fotos que retratavam sangue menstrual removidas. Fotos que mostravam mulheres com pelos púbicos aparecendo no biquini fizeram com que os posts de revista australiana Sticks and Stones fossem removidos do Instagram, enquanto que a artista Petra Collins teve sua conta deletada por uma foto no mesmo estilo, o que, segundo ela, não atendeu certos padrões sociais de feminilidade embutidos na plataforma. Embora esses casos tenham sido divulgados na mídia, são inúmeros outros casos de feministas que usam seu corpo e seus pêlos púbicos ou de outras partes para questionar padrões estéticos heteronormativos e patriarcais nas redes sociais. No Brasil, é o caso da artista Aleta Valente e de Tay Nascimento, ambas frequentemente censuradas pela plataforma. De fato, a mensagem não poderia ser mais evidente: imagens do corpo feminino como ele é, fazendo coisas naturais do corpo, não são permitidas, já as fotos que atendem a padrões de beleza compatíveis com as sociedade machista heteronormativa capitalista, seguem ganhando seus "likes". Outro exemplo são imagens de seios. Depois de várias reclamações sobre fotos de seios utilizadas para campanhas contra câncer de mama e de cenas de amamentação que foram censuradas, a empresa alterou um pouco suas regras, ressaltando que restringem imagens de seios femininos "apenas" se os mamilos estiverem a mostra, exceto em caso de amamentação ou fotos que mostram cicatrizes pós-mastectomia. Ainda assim, continuam recorrentes relatos de mães com suas fotos amamentando censuradas, e, obviamente, indo mais além, existem várias outras situações em que seios vem à mostra, seja em forma de protesto, seja como manifestações de cultura. No Brasil, constantemente, fotos de várias versões da chamada Marchas das Vadias tem sido bloqueadas e, recentemente, a plataforma também deletou post com foto da capa do álbum da cantora Karina Buhr e um post da página do Ministério da Cultura, que continha uma foto de uma indígena botocuda com seus seios expostos. Em solidariedade, artistas se uniram no que denominaram uma ação-arte-manifesto publicando fotografias em preto e branco de 14 mulheres com os seios descobertos em banheiras vazias. Já a censura do MinC foi levado à justiça pelo governo brasileiro que destacou que a empresa estaria tentando impor seus padrões de morais e costumes ao Brasil de maneira arbitrária e ilegal. O pior, quando o tema é violência contra mulheres, inúmeras reclamações demonstram que a plataforma tem demorado bastante para remover o conteúdo infrator. E por denúncias de vingança, como no caso dos frequentadores da página "Orgulho Hétero", o Facebook já chegou a retirar do ar páginas feministas como a "Feminismo sem demagogia", "Cartazes e tirinhas LGBT" e "Moça, você é machista" e até mesmo uma página da famosa youtuber JoutJout, que produz vídeos sobre assédio contra mulheres e outras questões de gênero. Enumeramos aqui apenas casos de empresas do grupo Facebook, simplesmente pela diversidade de exemplos que não estão nem próximos de terminarem por aqui, mas a situação não é tão diferente em relação as outras empresas. Tudo isso deixa evidente que talvez essa plataforma não seja mesmo o ambiente mais adequado para mobilização pelas causas de gênero, mas dada a visibilidade que a plataforma alcança por seu número de usuários, não se pode negar o papel que ela exerce como meio para exercício da liberdade de expressão. Mas, os exemplos aqui citados ilustram como deixar esse tipo de decisão nas mãos delas apenas dá margem para a manutenção de manifestações de assimetrias de poder, como o machismo, patriarcalismo e moralismo do que seria culturalmente aceitável (imposto por apenas uma cultura), numa forma de colonialismo digital. Como bem ressaltou o grupo European Digital Rights (EDRi), que seguiu as negociações do código de conduta, a acordo delega para empresas privadas atividades que deveriam ser realizadas pelo Estado. Em um post destacaram: "este processo, estabelecido fora de um processo democrático, determina regras pouco claras sobre a responsabilidade de empresas. Também cria graves riscos para a liberdade de expressão, pois conteúdos que sejam legais, ainda que controversos, podem ser excluídos como resultado deste mecanismo de remoção voluntário e não transparente."

De censor a promotor de conteúdo

Mas a coisa não para por aí. No acordo também esta previsto o comprometimento destas empresas em "educarem seus usuários", o que inclui "identificar e promover contra-narrativas" ao que considerarem como discurso de ódio ou preconceito. O que significa que empresas que inicialmente funcionam como plataformas para viabilizar a divulgação de conteúdos de terceiros, passam agora a exercer também o papel de promotoras de determinados conteúdos, ou seja, não apenas tomam a responsabilidade de censurar o que acham que deve ser proibido, mas também passam a destacar certas visões de mundo que consideram que devem ser promovidas. Algo que podem fazer de maneira imperceptível, simplesmente manipulando seu algorítimo. Em uma lógica colonialista, se o julgamento das redes sociais já causa inúmeras controvérsias ao avaliar nomes dos usuários e denúncias para remoção de conteúdos, imagine então quando essas empresas, com enorme poder de alcance, e conhecimento sobre gostos e práticas de seus usuários, passam a fazer esses julgamentos de forma ativa, promovendo conteúdos que vão de acordo com seus valores, sem que ao menos você perceba? Pois é isso que estabelece o acordo. Para países do Sul Global como os Latinoamericanos, as consequências segregadoras que estes tipos de políticas privadas das empresas do Vale do Silício – sem o escrutínio nem participação da sociedade – criam particulares barreiras que devem ser trazidas ao debate mundial. Por exemplo, a possibilidade de que nossas comunidades possam simplesmente levantar uma reclamação contra políticas abusivas. Neste sentido, é inevitável pensar se o Facebook teria respondido com a mesma energia e prontidão como fez com a comunidade de drag queens de São Francisco, que com comunidades transgênero de países da América Latina, onde estas empresas às vezes nem sequer se preocupam em abrir uma representação legal. O debate sobre este tipo de política e suas consequências segregadoras e de censura sobre os discursos dissidentes aos valores do Vale do Silício deve, necessariamente, sobrepassar as barreiras dos países desenvolvidos e se instalar nas diversas comunidades de nossos países. As particularidades de como estas políticas e condições de uso nos afetam estão ainda por ser estudadas e devem enriquecer uma discussão ainda centrada no Norte Global, assim como facilitar diversas formas de resistência locais contra políticas abusivas em nome da comunidade. Paz Peña é consultora independente na área de direitos digitais e comunicação estratégica para advocacy. É jornalista com mestrado em gênero e cultura na área de Ciências Sociais. Foi diretora de comunicação e de advocacy na Derechos Digitales. É membro do conselho colaborativo de Coding Rights.  Joana Varon é advogada e pesquisadora, fundadora e diretora da Coding Rights. Formada em Relações Internacionais com mestrado em Lei e Desenvolvimento, tem se dedicado a desenvolver pesquisas aplicadas para a discussão de parâmetros institucionais legais para inovação em TICs e ao mesmo tempo visando a proteção de direitos fundamentais e o direito ao desenvolvimento.  
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